Los pasados días 10 y 11 de noviembre de 2011 tuve el privilegio de poder asistir a las XXVI Jornadas de Alicante sobre Economía Española organizadas por la Universidad de Alicante. El tema principal de estas jornadas consistía en “Las instituciones públicas en la economía: nuevas funciones en un entorno de crisis”.
En estas jornadas se pusieron en entredicho las diferentes fortalezas y debilidades de nuestras instituciones públicas, cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo hasta el momento, y cuáles recomendaban los expertos que nos visitaron.
Particularmente se habló de las políticas fiscales, tanto española como de la Unión Europea, políticas de vivienda y pensiones, sistema financiero (financiación pública, regional, el problema de la deuda soberana). Se trataron temas sobre el Estado de Bienestar y el crecimiento económico, desigualdad, desempleo, con la particularidad del desempleo juvenil y, finalmente, concluyó Rafael Myro con una reflexión acerca del papel de los economistas en la crisis.
Destaco esta última intervención porque me pareció interesante que Myro dejara un poco a un lado los problemas del sistema financiero y el endeudamiento, de las políticas fiscales y la recaudación impositiva para hablar de los problemas de la productividad empresarial, de la importancia de las nuevas tecnologías y las TIC en las diferentes instituciones y en los sistemas de producción de las empresas del siglo XXI. Aunque ello no quiere decir que aquéllos dejen de ser menos importantes que éstos.
Como sabemos, la fortaleza de la producción y las exportaciones españolas se encuentra aún en las actividades tradicionales, con bajos niveles de incorporación tecnológica y, por tanto, con una menor productividad. No obstante, gracias a la deslocalización de las empresas de las fases de su producción en las que no son eficientes en otros países en los que hay unas mayores ventajas comparativas, especialmente por aprovecharse de unos menores costes laborales y salariales, la competitividad de las empresas españolas se ha mantenido. Pero esto provoca que el valor añadido de la producción no se mantenga en su totalidad en España y, por tanto, no se cree empleo ni se produzca crecimiento económico.
Rafael Myro destacó el papel que los economistas españoles tienen en toda esta encrucijada. Y coincido con él en que en este caso nuestros expertos tienen poco que hacer. Esto es, los mandatarios del Gobierno son los últimos en decidir, y por muchas y buenas propuestas que tengan los grandes economistas españoles, al final quienes deciden qué políticas económicas aplicar y cuáles no, son los políticos y no los economistas. Además, no estamos hablando solamente de autoridades españolas, sino autoridades europeas que se encuentran en la cúspide del poder, por lo que los especialistas en materia económica de España se encuentran con demasiados obstáculos para poder actuar.
Por tanto, más que importante es imprescindible que al frente del Ministerio de Sanidad se encuentre un especialista en materia de salud, que al frente del Ministerio de Educación haya un técnico especializado en materia de educación, y que el Ministro de Economía sea un economista. De este modo, aunque no dejemos de estar subordinados a los poderes de la Unión Europea, encontraremos menos trabas a la hora de realizar reformas apropiadas para mejorar las situaciones adversas con las que tropecemos.

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